La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha reactivado su agenda migratoria más dura, y una de sus principales dianas vuelve a ser el Estatus de Protección Temporal, un programa que desde hace décadas ha protegido a cientos de miles de inmigrantes que huyeron de guerras, desastres naturales o crisis humanitarias en sus países de origen.
En los primeros meses de su nuevo mandato, Trump ya ha eliminado el TPS para más de 800.000 personas de Venezuela y Haití, y este martes 8 de julio hizo oficial la terminación del beneficio para casi 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Estas decisiones han generado un ambiente de creciente temor, confusión y vulnerabilidad en las comunidades inmigrantes, especialmente entre quienes tienen décadas de haber echado raíces en Estados Unidos.
Una historia de ataques
Durante su primer periodo presidencial, Trump intentó poner fin al TPS para seis países —El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y Sudán—, decisión que fue frenada gracias a demandas legales que denunciaron motivos discriminatorios y racistas detrás de las cancelaciones. En ese entonces, los comentarios despectivos del mandatario —quien se refirió a El Salvador y Haití como “países de mierda” y manifestó su preferencia por inmigrantes de Noruega— jugaron un papel clave en demostrar intenciones de sesgo racial.
El fallo judicial a favor de los beneficiarios del TPS, conocidos como “tepesianos”, evitó en 2018 lo que habría sido una expulsión masiva de más del 98% de quienes contaban con este estatus migratorio. Ahora, con Trump nuevamente al mando y un equipo alineado con su política de deportaciones aceleradas, el futuro del programa vuelve a estar en peligro.
¿Quién será el próximo?
Hoy, 17 países tienen poblaciones beneficiadas por TPS. Pero el patrón reciente de cancelaciones ha encendido las alarmas: primero Venezuela, luego Haití, y ahora Honduras, Nicaragua y Nepal.
Aunque El Salvador, uno de los países con más beneficiarios, mantiene el TPS vigente hasta septiembre de 2026, ni activistas ni beneficiarios confían en que la protección se mantenga intacta.
“La relación entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido cordial, incluso estratégica”, explica Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL). “Pero eso no significa nada. Con esta administración todo puede cambiar de un día para otro”. Tejada advierte que el hecho de que El Salvador coopere con EE.UU. al mantener detenidos a inmigrantes en el CECOT —el llamado “megapenal” salvadoreño— no garantiza inmunidad frente a decisiones unilaterales de Washington.
Y si bien Trump no ha anunciado formalmente la terminación del TPS para los salvadoreños, ya se observan efectos colaterales: “Tenemos decenas de casos de personas que han perdido su empleo o su licencia de conducir porque sus permisos de trabajo no han llegado a tiempo. Hay confusión total entre empresas, autoridades locales y los mismos migrantes”, denuncia Tejada.
¿Protección humanitaria o privilegio temporal?
El Estatus de Protección Temporal, creado en 1990, fue concebido como una medida de humanidad para quienes no pueden regresar a sus países sin ponerse en riesgo. Pero en la práctica, muchos tepesianos han vivido en EE.UU. por más de 20 años, han formado familias, trabajado legalmente, pagado impuestos y contribuido a sus comunidades.
Eliminar el TPS no solo implica cortarles esa posibilidad de vivir con dignidad, sino también despojar a miles de familias de estabilidad emocional y económica.
Para José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, las cancelaciones recientes no deben verse como decisiones aisladas: “Un ataque contra un país designado para TPS es un ataque contra todos”, declaró. “Esto es una ofensiva generalizada y tenemos que enfrentarlo unidos. Hay que resistir el odio con organización”.
¿Qué sigue?
La batalla por el TPS apenas comienza. Trump ha dejado claro que busca desmantelar las políticas migratorias humanitarias implementadas durante el mandato de Joe Biden. Y aunque el Congreso podría intervenir para ofrecer una solución permanente —como un camino a la residencia o la ciudadanía para los tepesianos—, los intentos legislativos han sido bloqueados repetidamente por divisiones partidistas.
Para cientos de miles de familias latinas, la incertidumbre se ha convertido en el pan de cada día.
La cruzada contra el TPS no es solo una cuestión de política migratoria, es una guerra abierta contra el derecho a la permanencia digna de quienes han construido su vida en este país. Y el tiempo, una vez más, corre en su contra.
ICE traslada a inmigrantes detenidos lejos de sus hogares pese a tener camas vacías cerca
Un nuevo informe ha revelado un patrón preocupante en el tratamiento que reciben miles de inmigrantes detenidos en Estados Unidos: son trasladados con frecuencia a centros de detención ubicados a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia de sus hogares, familiares y abogados, a pesar de que existen camas disponibles más cercanas.
Así lo denunció esta semana la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), con sede en la Universidad de Syracuse.
El análisis, basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al 14 de abril de 2025, apunta a una práctica sistemática y desproporcionada que complica el acceso a la defensa legal de los inmigrantes y agrava el trauma familiar, todo mientras el sistema cuenta con recursos desaprovechados.
Cifras que contradicen la lógica
A mediados de abril, la capacidad total de detención de ICE en todo el país era de 62.913 camas, de las cuales una cuarta parte —más de 15.000— estaba desocupada. Sin embargo, 45 de los 181 centros de detención autorizados por ICE operaban por encima de su capacidad, y 84 centros la superaron al menos en un día durante el actual año fiscal.
El informe subraya que incluso en días de alta demanda, como el pasado 4 de julio, había espacio de sobra en múltiples centros para alojar a nuevos detenidos. A pesar de ello, ICE continuó enviando personas a instalaciones ya saturadas, alejándolas de su red de apoyo y aumentando la carga sobre instalaciones que ya excedían sus límites contractuales.
Uno de los casos más alarmantes se dio en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, Florida, que por al menos una noche albergó a casi 1.200 personas más de lo permitido, y la instalación de Pine Prairie, en Texas, hizo lo mismo con más de 400 personas por encima de su capacidad.
Estos movimientos, según TRAC, no responden a una falta de espacio sino a una estrategia deliberada de asignación que ignora la proximidad geográfica del detenido, afectando su acceso a la justicia.
¿Qué hay detrás de los traslados?
Aunque ICE no ha explicado públicamente por qué insiste en enviar detenidos a centros lejanos pese a la existencia de espacio disponible en sus áreas de residencia, algunos analistas sugieren que los traslados pueden responder a convenios con instalaciones privadas o estatales que dependen económicamente del número de camas ocupadas. Otros apuntan a la intención política de concentrar la detención en estados con menos escrutinio público o con jueces migratorios de perfil más severo.
Sea cual sea la razón, los efectos son devastadores. La separación geográfica prolongada impide que las familias visiten a sus seres queridos, ralentiza la presentación de pruebas y limita seriamente la posibilidad de presentar un caso sólido de defensa. A menudo, los detenidos se ven forzados a firmar su deportación ante la desesperación, incluso si tenían argumentos legales para permanecer en el país.
Llegan los primeros migrantes a ‘Alligator Alcatraz’ entre denuncias por condiciones inhumanas y temor a huracanes
En medio de protestas nacionales y advertencias ambientales, el nuevo centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” recibió a sus primeros detenidos esta semana, consolidándose como el emblema más polémico de la política migratoria del presidente Donald Trump.
El centro, construido apresuradamente en solo ocho días sobre un antiguo aeropuerto en pleno humedal de los Everglades, ha sido objeto de duras críticas por parte de más de 60 organizaciones civiles que cuestionan la legalidad, seguridad y humanidad del recinto. La coalición exigió mediante una carta pública a las autoridades del condado de Miami-Dade que inicien acciones legales para cerrar de inmediato las instalaciones.
La polémica se ha intensificado con la confirmación oficial, por parte del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de que el centro comenzó a recibir migrantes detenidos como parte del plan federal de deportaciones masivas.
Condiciones precarias y sin garantías procesales
Según denuncian las organizaciones firmantes, el centro de detención —bautizado extraoficialmente como “Alcatraz caimán”— se encuentra rodeado de hábitats sensibles y no garantiza a los migrantes acceso a abogados ni contacto con sus familias. Tampoco hay claridad sobre si alguna entidad independiente supervisará el trato que reciben los detenidos.
“Este centro levanta serias dudas sobre el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”, subraya la carta enviada a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, y a la Junta de Comisionados del condado.
Imágenes que circularon en redes sociales mostraron carpas con el suelo inundado tras la tormenta del martes, justo el día de la visita de Trump al lugar. Estas escenas aumentaron las preocupaciones sobre la seguridad de los detenidos, especialmente en plena temporada de huracanes en el Atlántico.
Una advertencia para el resto del país
La llegada de los primeros migrantes a “Alligator Alcatraz” es vista por activistas como una señal de lo que podría convertirse en la nueva normalidad bajo la administración Trump: detención masiva, criminalización de la migración, condiciones inhumanas y una narrativa oficial que banaliza el sufrimiento.
Organizaciones de derechos humanos han prometido redoblar sus esfuerzos legales para cerrar el centro y exigen la intervención de organismos internacionales para monitorear la situación.
Mientras tanto, miles de familias migrantes viven con el temor de que sus seres queridos puedan terminar en un campamento improvisado, en medio de caimanes y bajo carpas que no resisten ni una tormenta común. Y todo esto, mientras se lucra con el sufrimiento humano a través de una tienda virtual.
Trump financia su guerra contra los migrantes con nueva ley fiscal
Mientras Estados Unidos celebraba el Día de la Independencia este 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump aprovechaba la fecha simbólica para firmar una de las leyes más polémicas y alarmantes de su segundo mandato: la nueva ley fiscal y presupuestaria que, según expertos y defensores de derechos humanos, representa una inyección multimillonaria al aparato antimigratorio del Gobierno federal.
Con el respaldo casi unánime del Partido Republicano, esta legislación destinará más de 170.000 millones de dólares en los próximos cuatro años a fortalecer las agencias de control migratorio, expandir el muro fronterizo, aumentar las detenciones masivas, restringir los derechos de solicitantes de asilo y penalizar económicamente a millones de familias inmigrantes.
Para muchos, esta ley no es simplemente un paquete presupuestario. Es la formalización de una cruzada política contra la inmigración, una agenda que prioriza el miedo y la exclusión sobre los principios de justicia, humanidad y respeto por los derechos civiles.
Más cárceles, más agentes, más vigilancia
Uno de los pilares de esta legislación es el reclutamiento de 20.000 nuevos agentes de ICE y CBP, duplicando de facto la capacidad operativa de estas agencias. Con estos refuerzos, el gobierno de Trump planea cuadruplicar la capacidad de detención migratoria, pasando de 50.000 a más de 200.000 camas, según cálculos del think tank conservador CATO.
Además, se asignarán más de 46.500 millones de dólares para continuar la construcción del muro fronterizo, incluyendo nuevas secciones en terrenos indígenas y zonas ecológicamente sensibles. Otros 45.000 millones se destinarán exclusivamente a la construcción y mantenimiento de centros de detención, algunos de ellos en zonas rurales donde la transparencia y la supervisión serán mínimas.
La directora del American Immigration Council, Nancy Gupta, advirtió que la ejecución de esta ley generará “una situación caótica” en las comunidades inmigrantes. “Estamos hablando de 116.000 arrestos diarios, cifras que no tienen precedentes ni siquiera en las dictaduras más represivas. Esto socava la seguridad pública, rompe familias y amenaza el orden social”, declaró.
Una estrategia legalizada de exclusión
La aprobación de esta ley marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos. Ya no se trata únicamente de detenciones arbitrarias o redadas selectivas, sino de un marco legal estructurado para excluir, empobrecer y deportar a millones de personas.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta ley podría violar acuerdos internacionales sobre el derecho al asilo, la no discriminación y la protección de menores. Sin embargo, el Gobierno ha desestimado estas críticas, enfocándose en cumplir sus promesas de “mano dura” con la inmigración.
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