El 22 de mayo de 2025, la administración del presidente Donald Trump revocó la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales, una medida sin precedentes que afecta a más de 6,800 alumnos extranjeros actualmente matriculados en la institución.
Motivos y acusaciones
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comunicó oficialmente la decisión mediante una carta en la que acusó a Harvard de fomentar un ambiente inseguro en el campus al permitir la presencia de “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” que habrían acosado a estudiantes judíos . Además, se señaló a la universidad por supuestamente colaborar con el Partido Comunista Chino, aunque no se presentaron pruebas concretas al respecto.
Noem afirmó que admitir estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho, y criticó a Harvard por no corregir su conducta pese a múltiples advertencias.
Consecuencias para los estudiantes internacionales
La revocación del programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros implica que los estudiantes internacionales deben transferirse a otras instituciones o abandonar Estados Unidos para mantener su estatus legal . Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los afectados, quienes enfrentan la posibilidad de interrupciones en sus estudios y procesos migratorios complicados.
Respuesta de Harvard
La Universidad de Harvard calificó la medida como “ilegal” y “represiva”, argumentando que socava su misión académica y perjudica a su comunidad . La institución ha presentado una demanda contra la administración Trump, alegando que la revocación de su capacidad para inscribir estudiantes internacionales y la congelación de $2.200 millones en fondos federales constituyen una extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo.
Contexto más amplio
Esta acción forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra las universidades que, según la administración, toleran el antisemitismo y promueven políticas de diversidad sexual y racial en el campus . Además de Harvard, otras instituciones como Columbia University han sido objeto de presiones similares, incluyendo amenazas de revocar su estatus de exención fiscal y la cancelación de subvenciones federales.
La comunidad académica y diversas organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por lo que consideran un ataque a la libertad académica y una politización de la educación superior.
La situación continúa desarrollándose, y se espera que las acciones legales emprendidas por Harvard y otras instituciones determinen el alcance y la legalidad de las medidas adoptadas por la administración Trump.
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