Las medidas del Gobierno de Donald Trump para detener inmigrantes indocumentados en EE.UU. siguen adelante.

La medida más reciente llegó el domingo, cuando la administración de Trump inició una nueva ronda de operaciones de inmigración en el área de Los Ángeles.

Activistas captaron en video a supuestos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afuera de una casa al este del centro de Los Ángeles. Los activistas usaron megáfonos para alertar que había agentes de ICE fuera de la residencia. El video captura el incidente durante unos 20 minutos antes de que los vehículos con los aparentes agentes federales se alejen.

Estas operaciones de inmigración en Los Ángeles —una ciudad santuario que restringe la cooperación con los esfuerzos de los funcionarios federales de inmigración para llevar a cabo detenciones— le siguen a otras que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en ciudades como Chicago y Nueva York para aprehender a personas que residen ilegalmente en el país.

Los operativos de ICE figuran como los principales esfuerzos para detener migrantes indocumentados, enfocándose en aquellos con antecedentes penales (aunque, según ICE, si están acompañados por otros inmigrantes sin documentos que no tengan cargos, también podrían detenerlos); sin embargo, hay otras medidas que el gobierno emplea para buscarlos.

Así rastrea la administración a los migrantes indocumentados

Lanzamiento de una nueva base de datos

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes el lanzamiento de una nueva base de datos que requiere información de ciertos inmigrantes indocumentados, y amenazó con castigarlos con sanciones penales si no envían su información.

El registro parece estar dirigido a personas que aún no están en el radar del gobierno federal. Los agentes fronterizos recopilan información de los migrantes detenidos en la frontera, pero algunos evaden la captura y entran a EE.UU. sin ser inspeccionados.

Asimismo, la medida de la administración parece diseñada para recopilar información adicional sobre el segmento de la población inmigrante que ingresó a Estados Unidos sin autorización.

Sobre si el gobierno podrá imponer sanciones penales por no enviar información, Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, dijo a CNN que no ve “argumento legal” para ello.

“Eso está por verse (el imponer sanciones). Pero la verdad no veo argumento legal para que lo puedan lograr. Anticipo que pronto puede haber litigaciones en contra de esto”, comentó Uribe.

Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, reconoció anteriormente que encontrar migrantes indocumentados es particularmente difícil en ciudades santuario. “Tenemos que enviar equipos enteros al campo para encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Y es un trabajo duro, pero no nos rendiremos. Vamos a seguir adelante”, dijo a mediados de febrero en entrevista con CNN.

Redadas en lugares de trabajo… ¿y en iglesias y escuelas?

Dentro de los esfuerzos de ICE para rastrear migrantes sin documentos se encuentran las redadas en lugares de trabajo.

A finales de enero, ICE llevó a cabo una “operación de cumplimiento selectiva” en Nueva Jersey en donde detuvo a varias personas en un negocio local de la ciudad de Newark.

Ras Baraka, alcalde de Newark, dijo que los agentes federales “hicieron una redada” en el negocio y detuvieron “tanto a residentes indocumentados como a ciudadanos, sin una orden judicial” de por medio.

Recordemos: para que ICE pueda entrar a una casa o un negocio, debe tener una orden firmada por un juez o magistrado. Para llevar a cabo la detención, ya sea ICE o la Policía, deben contar con una “causa probable” de carácter penal (es decir, algún posible delito cometido). Y, aunque una persona sea detenida, sigue teniendo derecho a guardar silencio, a que no registren sus pertenencias y a no dar información sensible (como su lugar de nacimiento, estatus migratorio o cómo entró al país).

“El problema es que ninguna de estas personas era violadora, asesina o criminal. El problema es que ICE entró sin orden judicial”, agregó Baraka sobre los detenidos en el negocio Ocean Seafood Depot.

En un caso similar, tres hombres vestidos de civil —que luego fueron identificados como agentes federales— hicieron una redada en un puesto de tacos en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, y detuvieron a tres empleados.

Greg Díaz, el dueño del puesto de tacos Rated Taco Truck, dijo a un medio local que los tres empleados no tienen antecedentes penales.

En 2022, el Departamento del Trabajo abrió una investigación sobre acusaciones de que Díaz estaba violando la ley laboral, según WMC, afiliada de CNN. Se acusó al dueño de usar redes sociales para reclutar trabajadores mexicanos y supuestamente pagarles salarios bajos para trabajar muchas horas. CNN se comunicó con ICE, el Departamento del Trabajo, la oficina del alcalde de Memphis y Díaz para obtener comentarios.

La abogada Elizabeth Uribe dijo a CNN que vestir agentes de civil es una táctica de inmigración que el gobierno estadounidense ha utilizado durante mucho tiempo, pero aún así es necesario presentar una orden judicial.

“Al estar vestido como civil, puede entrar al lugar al tratarse de un espacio público. Pero de que puedan detener y llevarse a personas, eso solo lo pueden hacer si las tienen identificadas y que no sean de este país”, explicó.

Además de los lugares de trabajo, hay miedo en la comunidad religiosa de que pueda haber redadas dentro de las iglesias (ya se registró al menos una detención afuera de una iglesia, pero ninguna dentro de estos recintos).

Según Trump, ICE puede realizar detenciones usando el “sentido común” adentro de escuelas e iglesias luego de que el gobierno rescindiera una política que limitaba el actuar de la agencia en esos lugares.

Tampoco se han registrado redadas adentro de escuelas, pero el “zar de la frontera” defendió la idea de poder entrar a escuelas para realizar detenciones de inmigrantes indocumentados.

“La gente tiene que mirar a los miembros de la MS-13 y del Tren de Aragua, que entran en este país, la mayoría entre los 15 y los 17 años, muchos asisten a nuestras escuelas. Y están vendiendo drogas en las escuelas, y haciendo robos a mano armada a otros estudiantes. Así que nosotros no entramos en escuelas u hospitales, en la práctica. Pero si hay una amenaza significativa a la seguridad pública, o una amenaza significativa a la seguridad nacional, no hay refugio seguro. Iremos donde tengamos que ir para sacarlos de las calles”, aseguró Homan a CNN.

Incrementar la lista de objetivos y utilizar datos sensibles

Al decir que no está feliz con los números de migrantes indocumentados detenidos hasta los primeros días de febrero —más de 20.000 en el primer mes de Trump—, Homan comentó que ICE incrementará sus equipos y las listas de objetivos susceptibles a detención.

“(Aumentará) la división de ICE que crea las listas de objetivos para averiguar quiénes son estas personas, cuál es su historial delictivo y dónde es más probable que las encontremos, tenemos que aumentar la producción de objetivos”, indicó el “zar de la frontera” de Trump.

¿Pero cómo se conseguirían los datos de las personas para alimentar las listas de objetivos de ICE? Uribe dijo que, por una parte, puede haber colaboración entre agencias del gobierno para recabar información.

Por ejemplo, Stephen Miller, el sub secretario general para política del presidente Trump, dijo recientemente que los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se podrían utilizar para identificar migrantes indocumentados que son criminales o que defraudan al sistema de impuestos del país.

“Si los investigadores del IRS encuentran a inmigrantes ilegales robando dinero de los contribuyentes, por supuesto, serán remitidos al ICE”, afirmó Miller a CNN.

Por otra parte, Uribe indicó que el gobierno puede pagar a empresas privadas —las llamadas data brokers— para obtener datos de personas que podrían ser objetivo de detención y deportación.

Con ello, “el gobierno puede obtener información sensible que tal vez una agencia policial no pudiera obtener directamente”, dijo la abogada de inmigración.

Un caso conocido es el de la empresa LexisNexis, que en febrero de 2021 inició un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional que “proporciona a la rama policial de ICE, Homeland Security Investigations (HSI), acceso a miles de millones de registros de información personal procedentes de fuentes públicas y privadas”, según un artículo publicado en la revista académica Law Review de la Universidad de Colorado.

El artículo en Law Review indica que se trata del contrato “70CMSD21C00000001”. El Gobierno de Estados Unidos detalla que este contrato inició el 25 de febrero de 2021 y tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2025, con posibilidad de extenderse un año más.

El gobierno estadounidense describe este contrato como “suscripción a la base de datos de investigación policial” y puntualiza que hasta el momento se han desembolsado US$ 9,7 millones. Asimismo, indica que el producto adquirido con el contrato es de “tecnologías de la información y telecomunicaciones, centro de datos como servicio”.

Con información de Gloria Pazmino, Mark Morales, Chelsea Bailey, Catherine E. Shoichet, Priscilla Alvarez, Josh Campbell, Jamie Gangel, Norma Galeana y Michelle Watson, de CNN.