Esta semana, Nueva York se convirtió en epicentro de una ola de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en solidaridad con las manifestaciones que iniciaron en Los Ángeles. Lo que comenzó como reacción local a redadas e intimidación estatal se ha transformado en un movimiento nacional que exige el fin de las deportaciones masivas y la disolución de una agencia considerada por muchos como instrumento de violencia racial y represión política.
Del epicentro californiano se expande la indignación
Los disturbios en Los Ángeles comenzaron el 6 de junio tras una serie de redadas laborales de ICE en barrios de mayoría latina como Paramount, Boyle Heights y el Fashion District.
En total, fueron detenidas más de cien personas, muchas de ellas sin antecedentes penales ni órdenes judiciales, lo que generó una oleada de indignación no solo entre las familias afectadas, sino en toda la comunidad angelina. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales resultaron impactantes: madres llorando mientras eran separadas de sus hijos, trabajadores esposados en plena jornada laboral, oficiales fuertemente armados irrumpiendo en almacenes textiles y pequeños negocios.
La reacción fue casi instantánea. En cuestión de horas, cientos de personas salieron espontáneamente a las calles, en muchos casos sin convocatorias formales, impulsadas por el dolor, el miedo y la rabia. Frente al centro de detención Metropolitano, y luego en múltiples puntos del centro de la ciudad, se organizaron protestas que incluyeron bloqueos de avenidas principales, sentadas pacíficas, vigilias con velas, y momentos de tensión cuando grupos de manifestantes se encadenaron simbólicamente a las rejas del edificio federal.
Las protestas fueron encabezadas por una mezcla intergeneracional: jóvenes activistas de origen latino, trabajadores inmigrantes, estudiantes universitarios, líderes religiosos y defensores de derechos civiles. Lo que comenzó como una respuesta puntual a un operativo específico se convirtió rápidamente en una movilización con demandas amplias: abolir ICE, poner fin a las redadas, cerrar los centros de detención y garantizar un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que viven en el país desde hace años.
La respuesta del gobierno federal fue rápida y contundente. El presidente Donald Trump, en un comunicado difundido desde la Casa Blanca, calificó las protestas de “insurrección urbana” y autorizó el despliegue de hasta 2,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 efectivos del Cuerpo de Marines para apoyar a las fuerzas locales.
La medida, tomada sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, fue recibida con duras críticas. Newsom denunció públicamente la militarización del conflicto, calificándola como un acto de agresión política contra el estado de California y una violación de su soberanía.
El ambiente en las calles de Los Ángeles se tornó rápidamente volátil. Aunque muchas de las manifestaciones se mantuvieron pacíficas, también se registraron enfrentamientos aislados entre algunos grupos de manifestantes y las fuerzas del orden. En varios puntos se reportaron el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y arrestos arbitrarios. Decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, mientras que organizaciones como la ACLU comenzaron a documentar presuntas violaciones a los derechos civiles.
El clima de tensión se extendió más allá de las zonas de protesta. Comerciantes del centro cerraron sus locales por temor a saqueos, mientras que residentes de comunidades latinas organizaron redes de apoyo para proteger a las personas sin papeles. Se distribuyeron panfletos explicando los derechos en caso de detención, se habilitaron líneas de emergencia para asistencia legal, y se ofrecieron refugios temporales en iglesias y centros comunitarios.
Lo que ocurrió en Los Ángeles fue más que una serie de marchas: fue una erupción de resistencia colectiva frente a lo que muchos consideran una política de terror institucionalizado.
Nueva York: erupción popular en Foley Square
Inspirados en la resistencia californiana, miles de personas se congregaron esta semana en Foley Square, en el corazón de Manhattan, para protestar contra las acciones de ICE y en solidaridad con las víctimas de las redadas en Los Ángeles.
La manifestación, convocada por organizaciones comunitarias, grupos de defensa de los derechos humanos, sindicatos de trabajadores migrantes y activistas estudiantiles, reunió a más de 1,500 personas el martes, una cifra que fue en aumento durante los días siguientes, con nuevos contingentes que se sumaron desde distintos condados de la ciudad y del estado.
El ambiente en Foley Square era una mezcla de indignación, esperanza y resistencia. Familias enteras acudieron con pancartas hechas a mano, mientras altavoces comunitarios transmitían mensajes de unidad y fortaleza. Durante horas, los manifestantes corearon lemas como “¡Abolish ICE!”, “¡ICE fuera de Nueva York!” y “Brick by brick, wall by wall, this racist system has got to fall”.
Otros portaban mensajes en español: “Ser inmigrante no es delito”, “Ningún ser humano es ilegal”, “Aquí estamos y no nos vamos”. Artistas callejeros, músicos y poetas se sumaron a la protesta, transformando la plaza en un espacio de denuncia, cultura y encuentro.
La manifestación estuvo marcada por una notable diversidad. Participaron jóvenes activistas latinos, afroamericanos, asiáticos, musulmanes, así como defensores de los derechos LGBTQ+ y líderes de congregaciones religiosas que han ofrecido santuario a inmigrantes en riesgo de deportación.
Entre los asistentes se encontraban concejales locales como Shahana Hanif y el Defensor Público Jumaane Williams, quienes dieron discursos contundentes denunciando las políticas migratorias del gobierno federal como crueles, arbitrarias y abiertamente discriminatorias.
El alcalde Eric Adams emitió una declaración reafirmando que la ciudad de Nueva York respetaría el derecho a la protesta pacífica, pero también advirtió que no toleraría actos de violencia, vandalismo o bloqueos de infraestructura crítica. Sin embargo, la presencia de unidades antidisturbios de la NYPD fue interpretada por muchos asistentes como una forma de intimidación. Algunos manifestantes denunciaron que fueron seguidos o grabados por agentes vestidos de civil, lo cual generó preocupación sobre una posible criminalización del activismo.
A pesar de estas tensiones, la protesta se desarrolló sin incidentes mayores. Grupos de voluntarios se encargaron de distribuir agua, alimentos, mascarillas y folletos informativos sobre derechos legales en caso de detención. Las organizaciones presentes establecieron carpas de asistencia legal y psicológica, reforzando el carácter organizado y solidario de la movilización.
En la noche, la plaza se iluminó con velas en una vigilia simbólica por las familias separadas y las víctimas de deportaciones pasadas.
La energía en Foley Square no fue la de una simple protesta momentánea, sino la de un movimiento que crece, que aprende de su historia y que busca nuevas formas de incidir en las políticas públicas. Para muchos neoyorquinos presentes, la lucha migrante no es una causa lejana: es una realidad que se vive en cada vecindario, en cada escuela, en cada lugar de trabajo.
Y esta semana, en el corazón de Manhattan, esa realidad se expresó con fuerza, con dignidad y con una determinación inquebrantable.
Arrestos y tensión en la Gran Manzana
Durante las protestas, la policía de Nueva York arrestó al menos a 15 personas el martes por obstrucción del tránsito y desobediencia civil. A lo largo de la semana, el número de detenidos superó los 30, incluyendo manifestantes que organizaron un “sit-in” frente a la Trump Tower. En varios puntos de la ciudad se llevaron a cabo acciones simultáneas, incluyendo marchas frente a oficinas de ICE, vigilias nocturnas y cadenas humanas alrededor de edificios federales.
Muchos de los detenidos son jóvenes latinos que denuncian la criminalización de su comunidad.
“Estamos aquí porque nuestros padres viven con miedo. Porque no queremos heredar un sistema que trata a los inmigrantes como enemigos”, dijo Mariana Ruiz, una estudiante universitaria detenida brevemente y liberada sin cargos. Organizaciones como Make the Road New York, Alianza Americas y la New York Immigration Coalition se han volcado a brindar apoyo legal, asistencia psicológica y logística a los manifestantes.
Solidaridad nacional: de la costa oeste al este
Las protestas no se han limitado a Los Ángeles y Nueva York. En ciudades como San Francisco, Seattle, Houston, Atlanta, Chicago, Boston y Philadelphia se han replicado movilizaciones similares, todas con un mensaje común: alto a las redadas, respeto a los derechos humanos y cierre de los centros de detención de ICE. La ola de protestas ha unido a comunidades diversas, desde sindicatos hasta congregaciones religiosas, desde estudiantes hasta artistas, generando una energía que recuerda a los movimientos por los derechos civiles de décadas pasadas.
En Albany, capital del estado de Nueva York, legisladores y activistas organizaron una ocupación pacífica del Capitolio estatal para exigir la aprobación de la Ley NY4All. Esta legislación busca limitar drásticamente la cooperación de agencias estatales con ICE y proteger los datos personales de los inmigrantes. La ley ha sido respaldada por una coalición de más de 80 organizaciones y se encuentra en discusión en la Asamblea estatal.
Polémica por uso de tropas y narrativa audiovisual
El despliegue de tropas federales en Los Ángeles ha generado una polémica nacional. Aunque el gobierno alega que se trata de una medida para garantizar el orden, numerosos expertos legales y defensores de derechos humanos consideran que se trata de una acción desproporcionada y posiblemente inconstitucional. La presencia militar en las calles ha evocado recuerdos de otras intervenciones federales durante crisis civiles, como las de los años 60.
Las redes sociales han desempeñado un papel clave en la difusión del conflicto. Videos grabados por manifestantes muestran desde escenas de brutalidad policial hasta actos de solidaridad entre comunidades. En TikTok, Instagram y X (antes Twitter), los hashtags #AbolishICE, #ICEOutOfNYC y #LaLuchaSigue han acumulado millones de visualizaciones.
Esta cobertura descentralizada ha permitido contrarrestar narrativas oficiales y generar presión internacional.
Voces desde la comunidad
Para muchos inmigrantes, estas protestas no son solo una reacción a las redadas, sino la expresión de una lucha de años. “Nos han criminalizado por trabajar, por existir. Pero no nos vamos a quedar callados”, dijo José Delgado, padre de tres hijos y residente de Queens desde hace 18 años.
Historias como la suya abundan: familias que han vivido en EE.UU. durante décadas, contribuyendo económicamente y socialmente, pero que hoy enfrentan el miedo de una posible deportación.
Organizaciones religiosas también se han sumado a la causa, ofreciendo sus templos como espacios de refugio temporal. En el Bronx y en Brooklyn, iglesias han reactivado las llamadas “redes de santuario”, una estrategia usada en el pasado para proteger a personas indocumentadas de detenciones arbitrarias.
Reacción política y jurídica
El alcalde Adams ha mantenido una postura ambigua: defiende el derecho a la protesta, pero ha ordenado una vigilancia intensiva sobre las movilizaciones. A nivel estatal, la gobernadora Kathy Hochul ha evitado pronunciarse directamente sobre el uso de tropas federales, pero ha reafirmado que Nueva York seguirá siendo un “estado santuario”.
Mientras tanto, legisladores progresistas presionan por medidas concretas. La Ley NY4All es solo una de varias propuestas que buscan blindar a las comunidades migrantes de la cooperación entre ICE y agencias locales. Paralelamente, defensores legales están preparando demandas judiciales para frenar las deportaciones arbitrarias y exigir mayor transparencia en los procesos migratorios.
¿Y ahora qué sigue?
El movimiento contra ICE ha cobrado una fuerza inesperada, pero enfrenta enormes desafíos.
Por un lado, debe mantener la unidad entre los distintos sectores sociales que lo componen: inmigrantes, aliados, organizaciones civiles, estudiantes, religiosos, trabajadores. Por otro, debe evitar caer en acciones que puedan ser usadas para desacreditarlo o criminalizarlo.
Se espera que las protestas continúen en las próximas semanas. Están programadas nuevas marchas, vigilias y campañas de presión política. Grupos de abogados pro bono ya se están organizando para ofrecer asesoría gratuita a personas en riesgo de detención.
Medios comunitarios están ampliando su cobertura y organizaciones locales siguen recaudando fondos para sostener las acciones de protesta.
Pero quizá lo más importante es que estas protestas han reactivado la conciencia política de una generación joven, latina, bilingüe, con raíces profundas en este país, pero con memoria de lucha.
Una generación que está diciendo: aquí estamos, y no nos vamos. Que está recordando al país que los inmigrantes no solo construyen ciudades, sino que también las defienden.
Desde Los Ángeles hasta Nueva York, el grito es uno solo: ¡ICE fuera! Y mientras ese grito siga resonando, la lucha continuará.
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